Paro nacional, más allá de las razones | Gobierno | Economía



La manifestación convocada este jueves 21 de noviembre no solo es una muestra del descontento ciudadano con la política tradicional en general, sino que evidencia la forma como ha evolucionado la cultura política colombiana, especialmente por parte de los jóvenes. En la década de los 90 y comienzos de siglo, mientras en otras naciones latinoamericanos los presidentes tambaleaban y se caían, Colombia se caracterizaba por niveles muy altos de estabilidad, a expensas paradójicamente de la paz integral, pues el país vivía sumido en el conflicto armado interno. (‘Tentativas del gobierno de atenuar el paro fueron contraproducentes’). 

La sociedad colombiana ha sido considerada como excesivamente conservadora e incluso para muchos, indiferente respecto de la política. La emergencia de plataformas progresistas se vio retrasada por la lucha armada, que tuvo un efecto nefasto por la estigmatización de la izquierda duramente castigada por los excesos cometidos en la guerra por las Farc y el Eln. No obstante, la Colombia pos Acuerdos de La Habana, es muy distinta de aquella.

Con miras a la refrendación de tales Acuerdos, la sociedad colombiana se embarcó en un proceso de marcada polarización entre quienes veían una oportunidad irrepetible para una paz duradera luego de medio siglo de guerra, y aquellos que denunciaban una actitud generosa del Estado equiparable a una política de impunidad sobre crímenes graves. Más allá de esta evidente fragmentación creció el compromiso ciudadano y el involucramiento respecto de la política. Se trata a todas luces de un compromiso sano que revela que lo que antes se solucionaba por medio de la violencia, ha encontrado canales institucionales para su trámite.

Aun considerada como apática, Colombia fue testigo de movilizaciones memorables que por estos días merecen revisión. Se trató de la Séptima Papeleta para refundar el Estado-nación y que significó entre otros, el punto de llegada de una serie de acuerdos de paz con guerrillas que de forma exitosa dieron el paso hacia la reintegración. La otra ocurrió en las elecciones locales de 1997 cuando un número más que representativo de colombianos se pronunció por poner fin al conflicto, y que derivó en un mandato indeclinable para el fallido proceso de paz de Andrés Pastrana, que no solo no prosperó, sino que fue el punto de inflexión de la mayor ofensiva de las Farc en su historia frente a un impotente Estado colombiano.

Hace poco más de una década se produjo la movilización de “un millón de voces contra las Farc” que exigió a esa guerrilla poner fin al drama de los incontables secuestrados y al de sus familias. Como se puede observar, la paz ha sido protagonista de las movilizaciones en Colombia, tanto en la izquierda como en la derecha. (Las manifestaciones de los invisibles y los olvidados). 

Esta movilización creciente de la sociedad colombiana explica la necesidad y el derecho legítimo de que la gente salga a la calle y exprese su disenso respecto del gobierno de Iván Duque. A diferencias de otros paros donde generalmente participan centrales obreras o sectores determinados, esta vez no solo se critica la política económica y social del gobierno, sino que se advierte sobre los riesgos de alterar una paz frágil negociada en el anterior mandato.

A esto se suma un vecindario encendido por cuenta de diversas razones, difícilmente sintetizables en una sola reivindicación, pero cuyo común denominador son los jóvenes demandando cambios estructurales y no más anuncios sobre trasformaciones que tendrán lugar en algún momento indefinido. Es más, se puede incluso aseverar que el fenómeno excede largamente a América Latina, pues en otras regiones del mundo también se han vivido momentos de enorme efervescencia por cuenta de demandas de cambio. Argelia, Sudán, El Líbano y Hong-Kong son apenas una muestra del hartazgo frente a la política.

Cabe resaltar que este compromiso ciudadano, bien sea para manifestar o para abstenerse de hacerlo, demuestra una ciudadanía cada vez más activa lo cual no debe entenderse como un retroceso desde el punto de vista democrático sino como una forma de comprobar que la sociedad está dispuesta a participar de formas no convencionales. Esto no debe contemplar, admitir o aceptar manifestaciones de violencia que solo opacan las razones justificables de quienes protestan. Es un momento clave de nuestra democracia.

Por Mauricio Jaramillo Jassir. Profesor de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario.

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