Sigue creciendo el robo de celulares este año en Colombia – Delitos – Justicia



En los primeros 22 días del año, según cifras de la Policía Nacional, se ha reportado a las empresas de telefonía móvil el robo de 69.585 celulares, es decir, 3.162 cada día. De esa cifra solo el 11,7 por ciento de los ciudadanos (8.178) informaron a las autoridades que fueron víctimas de ese delito.

Y en estadísticas de la Fiscalía se reporta que el año pasado se recibieron 99.954 denuncias por hurto de celulares, lo que representa un incremento del 15 por ciento frente a los 86.749 casos que se reportaron en el 2018.

Estas cifras de la Policía y la Fiscalía son la radiografía de un delito que mantiene su tendencia al alza y que poco se denuncia. Aunque las personas acuden a las empresas para hacer bloquear los equipos, no lo hacen ante las autoridades para que investiguen los hechos.

A pesar de las investigaciones de las autoridades, que solo el año pasado permitieron la incautación de 32.811 celulares con reporte de hurto en la base de datos, la detención de 29.299 ciudadanos y el cierre definitivo de 1.012 establecimientos en lo que se encontraron aparatos robados, el delito no cede y se empiezan a plantear nuevas alternativas.

Desde Asomovil, el gremio de las empresas de telefonía móvil, por ejemplo se habla de que además de políticas vinculadas a la labor de las autoridades se acuda a tecnología de punta para que se garantice que los celulares robados no puedan ser activados en ningún lugar del mundo con lo que se acabaría el negocio ilegal de esos equipos.

La preocupación sobre el aumento de esa modalidad de hurto ha llevado a que el tema sea incluido puntualmente en la política de convivencia y seguridad ciudadana lanzada por el presidente Iván Duque en diciembre del año 2019.

Lo único que funciona es más recursos de investigación y justicia

Perseguir de la misma forma tanto a quienes compran celulares robados como a quienes los hurtan es una de las salidas que el Gobierno Nacional ha planteado para combatir esa modalidad de robo. Esa política gubernamental, que requiere desarrollos legales, señala que frente a ese delito “se busca desincentivar la demanda al tiempo que reducir la oferta”.

El Gobierno igualmente plantea que ese delito que afecta a los ciudadanos de las principales ciudades del país debe enfrentarse de forma distinta a las otras modalidades de hurto, pues “en muchos casos está vinculado a organizaciones de delito transnacional, mientras que otros tipos de hurto, como el cosquilleo o el hurto de oportunidad, no están necesariamente articulados a redes de valor de economías ilícitas”.

Incluso expertos señalan que frente a ese delito, cuando se usen armas de fuego para amedrentar a la víctima se podría tipificar el delito como un hurto agravado o hasta una tentativa de homicidio. Según cifras del Ministerio de Defensa en el 13 por ciento de los hurtos registrados el año pasado fueron usadas armas de fuego.

Sin embargo, el penalista Francisco Bernate señala que esa alternativa no es viable legalmente y que frente al hurto de celulares ya se han adoptado medidas como penas que pueden superar los 20 años de prisión cuando se comete con violencia contra las personas, extinción de dominio contra los bienes de las organizaciones y categorizacion de los grupos que cometen estos hechos como grupos armados organizados, lo que dificulta el que queden en libertad por vencimiento de términos.

“Ninguna de estas medidas ha funcionado para bajar el hurto de celulares. Lo único que funciona es más recursos de investigación y justicia”, indicó el abogado.

Para golpear esta modalidad y lograr un efecto en las calles tenemos que desmantelar la parte alta de la estructura

De hecho, frente al uso de armas en robos la Fiscalía no imputa la tentativa de homicidio. Es el caso de una persona detenida la semana pasada en Pereira, señalada de querer robar el equipo a una madre que caminaba con su hija de ocho años. “El presunto asaltante habría amenazado a la víctima con un cuchillo y, al parecer, rasguñó a la niña para aumentar el nivel de intimidación y obligar a la mujer a entregar el teléfono”, señala la Fiscalía, que le imputó hurto calificado y agravado.

A las medidas policiales el país ha sumado controles técnicos que permiten identificar celulares robados, adulterados o con IMEI duplicado para frenar la activación de esos equipos en la redes de Colombia.

Pese a esto, la Fiscalía ha documentado casos en los que los aparatos robados en el país terminan siendo comercializados en países como Argentina, Ecuador, Perú y Venezuela, hasta donde llegan las redes transnacionales dedicadas a ese delito. Y en locales comerciales de las principales ciudades del país se siguen vendiendo equipos hurtados.

La situación en las capitales

El informe sobre las cifras de hurto de celulares en el país conocido por EL TIEMPO señala que en diez ciudades del país se concentra el 70 por ciento de este delito.El año pasado, dice la Fiscalía General, el mayor número de denuncias por robo se recibió en Bogotá, con 46.846 casos, Medellín, con 11.668 casos y Cali, con 8.215 casos.

En su primer consejo de seguridad en la ciudad la alcaldesa de Bogotá Claudia López priorizó el hurto de celulares y bicicletas en la ciudad.

Sobre esto, fuentes de la Policía le dijeron a este diario que se han incrementado las labores de inteligencia para combatir este tipo de delitos y que de hecho ya hay proyectadas unas 40 operaciones que buscan llegar a las poderes criminales que están detras de las redes de atracadores, que son apenas el primer eslabón de la cadena.

“Para golpear esta modalidad y lograr un efecto en las calles tenemos que desmantelar la parte alta de la estructura, que es la que incentiva el delito comprando en masa los aparatos para luego volverlos a poner en el mercado nacional o en el extranjero”, indicaron voceros de la Fiscalía.

Señalaron que a pesar de la facilidad de cambiar los equipos se ha detectado incluso una modalidad de tráfico de repuestos de los equipos más costosos.

‘Faltan medidas más severas’: Samuel Hoyos

¿Cuál fue la cantidad de Imei reportados en 2019? ¿Cómo les fue en estos últimos 5 años?Desafortunadamente sigue siendo una cifra muy alta: alrededor de los 100.000 celulares robados al mes. En 2019 se reportaron cerca de 913.000 teléfono robados, es decir, un promedio de 2.500 teléfonos diarios. Aunque en Bogotá el año pasado hubo una disminución del 5 por ciento y es la primera vez que baja.

El principal problema es que 1 de cada 10 robos de celulares está acompañado de violencia y aquí necesitamos la ayuda no solo de la autoridades, sino también de los ciudadanos que están comprando teléfono en el mercado usado porque muchos de esos teléfonos pueden ser robados y detrás de cada uno puede haber un joven apuñalado, una persona agredida o incluso muerta. Se trata de un mercado negro que mueve alrededor de 1 billón de pesos al año. El aumento de los últimos 5 años no se puede ver aislado. Pasamos de 568.000 teléfonos reportados en 2015 a 913.000 el año pasado. No obstante, hay que entender que la cifra ha aumentado porque hay más teléfonos que antes.

¿Por qué las cifras siguen subiendo? ¿Cuál es el principal reto?

Hay varios. El primero es el de la colaboración ciudadana: necesitamos que la gente no compre teléfonos de segunda en el mercado ilegal. Segundo, un control muy eficiente por parte de las autoridades a los lugares donde se venden teléfonos, accesorios y partes. Porque los delincuentes roban, desguazan y luego venden el dispositivo por piezas.

También hay que reforzar el control de aduanas. Muchos de los teléfonos robados van con destino a otros países. Aun cuando nosotros reportamos la información de bloqueo de un Imei a los 46 países que hacen parte de GSMA, el bloqueo no aplica en los países que no están agremiados.

Algunos optan por tener el teléfono asegurado…

Los seguros son voluntarios y cada ciudadano pueden decidir si lo toma o no. Generalmente los seguros se toman cuando el teléfono está siendo subsidiado por una entidad financiera o el mismo operador. Pero para desestimular el hurto, los ciudadanos deben seguir denunciando.

¿Qué más se podía hacer?

Los fabricantes pueden instalar aplicaciones que permitan bloquear definitivamente un aparato. Estas apps, viables en teléfonos 4G, permiten que no solo ningún operador le pueda dar servicio a ese teléfono sino que el dispositivo quede inservible o ‘muerto’. Pero es algo que tienen que instalar los fabricantes, no los operadores ni los comercializadores.

¿El camino es endurecer medidas?

Esto no puede ser un delito de menor cuantía. Muchos ladrones de celulares son reincidentes y quedan libres, pues porque un teléfono no es de mayor cuantía. Sin embargo, esto es grave porque va acompañado de violencia. Necesitamos medidas severas contra estos reincidentes y que si es el caso se legisle para imponer sanciones más duras.

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